"Guerra en los Garimpos"
Una nueva operación realizada por la Policía Federal, PRF y Fuerza Nacional de Brasil, tuvo repercusión nacional debido a las explosiones de transbordadores en los municipios de Manicoré y Humaitá, por el rio Madeira en el sur del estado de la Amazonia. La minería practicada por los ribereños, aunque son mencionados frecuentemente, impulsa el narcotráfico y la corrupción.
La minería ilegal en la Amazonía va mucho más allá de las actividades de las comunidades ribereñas, aunque estas suelen ser utilizadas para minimizar el delito, como se vio esta semana tras un nuevo operativo de la Policía Federal en el sur de la Amazonía. Investigaciones recientes revelan que las principales facciones criminales del país operan directamente en este mercado, en un fenómeno ya conocido como "narcominería", también sustentado por tramas de corrupción institucional en la región.
El estudio "Cartografías de la Violencia en la Amazonía", del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), indica que el término "narcominería" surgió en comunicaciones de la Policía Federal en 2021, durante la Operación Narcos Oro. Sin embargo, la conexión entre el narcotráfico y la minería se remonta al menos a la década de 1990.
Además de vender drogas a los mineros, el narcotráfico ha comenzado a compartir estructuras logísticas con la minería y el comercio ilegal de oro. El sistema incluye pistas de aterrizaje clandestinas, puertos ilegales y otras salidas para la producción de minerales y drogas.
Dentro del complejo sistema que rodea a la minería ilegal, no sorprende que existan indicios de corrupción institucional en la actividad. En marzo de este año, la Policía Federal lanzó la Operación Ourives, que investigó
a un grupo de milicianos responsables del comercio ilegal de oro.
Según la Policía Federal, funcionarios estatales colaboraban en el transporte del mineral. En ese momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Amazonas (SSP-AM) informó que cooperaba con la investigación y reafirmó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.
El operativo de la Policía Federal en Humaitá y Manicoré, por el rio Madeira que destruyó al menos 171 balsas, generó críticas de legisladores de Amazonas y otros estados de la región. La Comisión de Infraestructura del Senado aprobó una solicitud para que el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, presente información a los senadores sobre el caso. La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la misma Asamblea Legislativa aprobó el envío de una investigación externa a los municipios afectados por el operativo.
El problema radica en la falta de acceso a la legalidad: los procesos burocráticos, largos y costosos impiden que los pequeños mineros formalicen sus empleos. En la práctica, el propio Estado, en lugar de facilitar la regularización, termina empujando a los trabajadores a la informalidad, convirtiendo en ilegales a quienes simplemente quieren ejercer su profesión con dignidad, argumenta el informe.
Fuerte tensión por SuperAvít
En sesiones extraordinaria la Asamblea departamental del Amazonas, estudia [Superávit] recursos para la apropiación del ejecutivo Gobernación del Amazonas, que irán hasta el 30 de septiembre. Pero los agitados debates dejo en evidencia el puente roto, entre el gobernador Oscar Sánchez Guerrero, el líder de la oposición Octavio Benjumea y la duma departamental.
La Asamblea departamental del Amazonas, arrancó sesiones extraordinarias el pasado 21 que irán hasta el 30 septiembre, con el grueso estudio del Superávit, que busca apaciguar la tensión con el gobernador del Amazonas Oscar Sánchez Guerrero y 7 diputados en oposición.
El puente roto, de estos desafortunados encuentros dejo en evidencia el disgusto entre el gobernador Oscar Sánchez Guerrero, el líder de la oposición Octavio Benjumea y la duma departamental, que se opone a la aprobación de las adiciones de estos recursos sin tener la claridad de estos estén debidamente desglosados y estudiados para su ejecución, por parte de los diputados.
La Asamblea departamental del Amazonas, también señala a manera de advertencia, que algunos recursos que quiere adicionar el ejecutivo como “Superávit”, tienen destinaciones específicas y estarían inmersos en líos jurídicos, y que por lo tanto no se podrían contar como bolsa adicional, del superávit. Y que estas apropiaciones en líos, le causarían inconvenientes a futuro a la Asamblea departamental y a la Gobernación del Amazonas.
Por otra parte, el gobernador del Amazonas en abierta intención de provocar presión a la oposición, realizó marcha con un grupo de Sindicalistas [SUDEA] y funcionarios de su dependencia, frente a la misma sede
de la Asamblea departamental, exigiendo con discursos y arengas, la aprobación de estos recursos, lo que tensionó aún más el ambiente. Sumado a las denuncias por hostigamientos y humillaciones de algunos ciudadanos y funcionarios públicos, propiciadas por parte del gobernador.
Por eso hoy, la comunidad amazonense exige, respeto y sensatez, de quienes ocupan cargos de responsabilidad, para que trabajen en armonía en beneficio de todos. Aquí algunos ítems enviados por la Gobernación del Amazonas, para la aprobación en Superávit, a la Asamblea departamental del Amazonas.
-Sector productivo (1.000 millones)-
-Programa de Alimentación Escolar PAE, 13.277 niños.
-Sobretasa a la Gasolina, vigencias 2013 y 2016, $3.124 millones.
-Limpieza y mantenimiento humedal Simón Bolívar, 400 millones.
-Subsidios funerarios, $200 millones.
-Proyectos Comunales, $1.000 millones.
-Atención y prevención contra el Tracoma Ocular, $ 2.100 millones.
-Apoyo Población Afro, $100 millones.
-Y pago recursos adicionales para EPS del Régimen Subsidiado en Salud. Entre otros.
ENAM INFORMA - TARIFAS MAYO 2026
